Estudios geotécnicos en Cantabria con trabajos garantizados

La Demarcación de Costas en Cantabria ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado el levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la demolición del hotel Miramar, situado en la playa de Brazomar, en el municipio de Castro Urdiales.

El alcalde del municipio, Ángel Díaz-Munío, comparecerá ante los medios este martes para ofrecer una valoración de esta decisión, sobre la que no cabe recurso alguno. 

El Consejo de Ministros declaró el pasado 29 de septiembre la utilidad pública, a los efectos de su expropiación, y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de demolición del hotel.

La Jefatura de la Demarcación de Costas en Cantabria ha declarado la necesidad de ocupación de los bienes y derechos para poder ejecutar la obra de referencia.

De acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados de los bienes y derechos afectados deberán comparecer en el Ayuntamiento de Castro Urdiales el 13 de noviembre a las 13.00 horas, para proceder al levantamiento del acta previa a la ocupación.

En este sentido, se abre un periodo de información pública a fin de oír a los afectados por la expropiación, pudiendo los interesados, hasta el momento del levantamiento del acta previa, formular alegaciones ante la Demarcación de Costas en Cantabria solo a efecto de subsanar posibles errores en los bienes afectados por la urgente ocupación. La valoración del bien ha sido actualizada a fecha 7 de agosto de 2017.

Antecedentes

En septiembre de 2013, la Audiencia Nacional declaró "conforme a derecho" la resolución de octubre de 2010 por la que se aprobó el proyecto de demolición del Hotel Miramar y desestimó el recurso presentado por la empresa que gestiona la hostelería del establecimiento, cuyo capital social está suscrito por propietarios de dicho inmueble.

En el año 1955 se autorizó al Ayuntamiento de Castro el establecimiento y explotación de un edificio balneario y otros servicios en la playa de Brazomar, a través de una resolución que fue ratificada en 1963. En el año 2008, el Ministerio de Medio Ambiente declaró la caducidad de la concesión porque las instalaciones no se estaban usando como balneario, sino como hotel.

El proyecto contempla la demolición del edificio y la ejecución de obras para dar continuidad al paseo marítimo existente en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente. El hotel ocupa una superficie de 857 metros cuadrados, de los que 542 están en dominio público marítimo-terrestre y los 315 restantes en servidumbre de protección y tránsito -sobre el paseo marítimo que discurre a lo largo de toda la playa de Brazomar-, de tal forma que una parte del paseo son los soportales del edificio.

La mercantil Miramar de Castro Urdiales S.L., recurrió ante la Audiencia Nacional la aprobación del proyecto de demolición alegando, entre otras cuestiones, que no se había sometido a información pública ni a evaluación de impacto ambiental, y que carece del preceptivo estudio geotécnico.

En 2013, la Audiencia desestimó todos y cada uno de los motivos de impugnación, al considerar que se trata de un proyecto "de escasa entidad", y como tal, queda excluido de la información pública y de la evaluación de impacto ambiental, y que tampoco es necesario un estudio geotécnico.

La sentencia señaló que la parte actora no ha conseguido "desvirtuar" las justificaciones que en ese sentido recoge el proyecto, que señala que la ejecución de las obras se planteará "sin intervenir en ningún caso en la playa, manteniendo en todo momento la rasante de la arena", y que "no va a generar en ningún momento impactos adversos negativos".

Fuente: diario.es

El Ayuntamiento de Ermua destina 10.000 euros para elaborar los estudios y trabajos técnicos que permitan el mantenimiento del talud de Goienkale. Se trata de una de las modificaciones presupuestarias planteadas por el equipo de gobierno, en este caso, para redactar el proyecto de sostenimiento del talud de esta calle. Esto permitirá que se definan las obras que debe realizar cada uno de los numerosos propietarios de terrenos de esta zona, para que el proyecto permita un mantenimiento conjunto y eficaz del talud de esta calle ermuarra. En concreto, el proyecto ya se ha redactado y en este momento se encuentra en fase de presentación de alegaciones.

El documento elaborado define las obras que se deben realizar en cada tramo, pero serán los propietarios los que deberán hacer frente a los gastos que esto suponga. Hay que tener en cuenta que la zona incluida en el proyecto es una zona amplia en longitud y que ocupa todo el lateral de la parte alta de la calle Goienkale. También hay que destacar que una franja de esta zona ya sufrió un desprendimiento del terreno en marzo de 2015 y tras solucionar el problema el Ayuntamiento de Ermua busca que el resto de terrenos colindantes también mantengan las medidas oportunas para que no ocurra en otras zonas de este largo talud. De hecho, el estudio geotécnico y geológico encargado, en su momento por el Ayuntamiento de Ermua, para realizar un análisis de estabilidad de la zona circundante al desprendimiento ocurrido en 2015 clasificaba dos zonas diferentes dependiendo del peligro que pudieran provocar en un futuro.

Este análisis determinó que en los terrenos circundantes a la zona afectada por el desprendimiento se encuentra un talud que podría generar un mayor volúmen de desprendimientos y otra con menor peligro en la que se dan ‘afloramientos en altura’ en los que únicamente se debería crear una cubeta de retención colocando una barrera en el pie del terreno. La zona que, según el informe geotécnico elaborado por Euskontrol, requiere una mayor seguridad, es la de la parte derecha junto a la zona del desprendimiento anterior. La seguridad de la zona izquierda se podría resolver evitando que el material desprendido alcanzara la calle.

Informe anual

Estas tareas deberán realizarlas los 5 propietarios de estos terrenos. Esta es una más de las acciones que desarrolla el Ayuntamiento de Ermua en cuestión de mantenimiento de taludes en los útimos años, puesto que anualmente se revisan estos lugares y se plantean las mejoras necesarias para mantener su seguridad en un informe al respecto. Este año ya se han invertido 12.000 euros en la reparación de alambradas y cunetas de los terrenos locales en talud. Hay que tener en cuenta que Ermua, debido a su orografía, ha crecido gracias a la excavación y creación de taludes junto a muchas de sus edificaciones.

Fuente: elcorreo.com

Los problemas crecen alrededor del Mercado Central de Elche. El Ayuntamiento de Elche ha ordenado paralizar los trabajos para la realización del estudio geotécnico del subsuelo del Mercado Central que la empresa concesionaria, Aparcisa, había puesto en marcha este martes por la mañana.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, ha señalado que estas actuaciones se han paralizado "porque no contaban con el permiso municipal pertinente" y al no disponer de esa autorización,“desde el Ayuntamiento de Elche hemos requerido a la empresa que paralice los trabajos hasta que obtengan la pertinente autorización municipal”.

Este “lío” se produce en una semana clave para el Mercado Central ya que se está intentando pactar una salida sosegada con los placeros que todavía continúan ejerciendo su actividad en el Mercado Central y evitar un desalojo forzoso.

Sin embargo, la actuación de esta mañana no habrá ayudado mucho a esas negociaciones que tienen fecha de caducidad porque el próximo viernes la Junta de Gobierno Local ordenará el desalojo de los placeros tras la autorización de la Consellería de Cultura para proceder a las terceras catas arqueológicas.

Si, finalmente, no se acercan las posturas como ha ocurrido hasta ahora, los cerca de 10 placeros que quedan en el Mercado Central tendrán 72 horas desde que reciban la notificación para abandonar el edificio.

Fuente: alicanteplaza.es

La constructora de estructuras Cimbras y Geotecnia, que asumió en 2012 el negocio de la extinta Mecanotubo, no ha podido finalmente con el concurso de acreedores en que había entrado a principios de este mismo año y ha iniciado su proceso de liquidación. La compañía, con sede social en Alcobendas (Madrid, ha venido sufriendo un bajo nivel de contratación al igual que su antecesora. La constructora fue declarada en concurso voluntario en febrero pasado por el juzgado de lo mercantil nº 10 de la capital madrileña.

Cimbras y Geotecnia fue constituida en 2012 por la sociedad de inversión franco-española Belmert Capital para adquirir por 2,2 M€ la unidad productiva de la histórica Mecanotubo, que había entrado en concurso unos meses antes. La nueva empresa mantuvo cerca de 75 empleados y preveía invertir 1,5 M€ en su desarrollo. De hecho, ya en 2014 se hizo con la división de ejecución de obra completa de la firma Peri, operación que le permitía entrar en segmentos como encofrados de túneles, falsos túneles y galerías, trepas y cimentaciones, entre otros.

Cimbras y Geotecnia facturó 14 millones en 2015, con un resultado negativo de 1 M, pero lejos de los 75,9 M que llegó a facturar su antecesora en 2009. La compañía se centraba en el cimbrado de puentes, geotecnia, microtunelación y el andamiaje, entre otras actividades de construcción e ingeniería civil. Belmert está vinculada a la fabricante gala de prefabricados Consolis.

La reapertura del carril de la Beniata se retrasa otro mes para certificar la seguridad de la ladera. El Ayuntamiento ha encargado un estudio geotécnico a la empresa que ha llevado a cabo las obras para verificar que el muro de escollera construido no supondrá un riesgo en caso de que se produzca de nuevo un temporal de lluvia y nieve como el del pasado invierno. El coste de la instalación de sensores y el posterior análisis de la información asciende a 18.000 euros.

Un desprendimiento en la ladera como consecuencia de las fuertes lluvias registradas el pasado mes de enero obligó al Ayuntamiento a cortar un carril de la Beniata, como se conoce en Alcoy la antigua travesía de la N-340. Con una inversión de 39.000 euros, el consistorio puso en marcha las obras de consolidación del área mediante la construcción de un muro de escollera, la instalación de una malla metálica y la retirada de varios árboles.

La actuación finalizó a principios de julio, pero el carril continúa cortado después de que demarcación de Carreteras del Estado haya denegado su apertura, a la espera de que el gobierno municipal certifique la seguridad de la ladera. Por ello, el concejal de Territorio, Manolo Gomicia, ha anunciado que han encargado un estudio geotécnico a la empresa que llevó a cabo las obras, con el objetivo de «asegurarnos de que el muro aguantará otro temporal». Desde esta misma semana, los especialistas están colocando diferentes sensores tanto en la zona del muro como en el otro extremo de la ladera para registrar los posibles movimientos de tierra, según ha explicado el edil.

Esta situación provocará un retraso de como mínimo un mes más, ya que es el tiempo que la empresa considera necesario para realizar el estudio. «Creemos que no se demorará mucho más tiempo», ya que, según ha insistido Gomicia, «ya disponemos de mucha información».

Una vez quede certificada la seguridad tanto del muro de escollera como del resto de la ladera, el Ayuntamiento remitirá la documentación a demarcación de Carreteras para que dé el visto bueno a la apertura del carril.

Cabe recordar que, tras el cierre del puente de Fernando Reig, la Beniata absorbe casi todo el tráfico de entrada y salida de Alcoy por el sur. Desde entonces, y hasta que se registraron los desprendimientos en enero, el Ayuntamiento había habilitado un carril de subida y otro de bajada, situación que continúa igual pero con el inconveniente añadido de que en el tramo cortado se regula la circulación por semáforos.

Por último, Manolo Gomicia ha apuntado que el estudio geotécnico costará al Ayuntamiento 18.000 euros, que se suman al total de las obras.

Fuente y foto: diarioinformacion.com